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Guatemala discute una ley que pena con cárcel a las mujeres que tienen abortos involuntarios

, Guatemala
Alertas Latentes
Última Actualización: 14-03-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente
  • Fecha de la alerta05-09-2018

Descripción

La iniciativa de ley N° 52/72 está actualmente en debate en el congreso guatemalteco. La misma endurece las penas por abortar e incluso criminaliza las pérdidas espontáneas. Además prohíbe la educación en diversidad sexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Concomitantemente se está discutiendo la iniciativa de ley N° 5376 que implica que el Estado genere acciones orientadas a la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.

Sobre la iniciativa N°52/72

La propuesta de ley denominada "Ley de Protección de la Vida y la Familia" fue presentada el pasado 26 abril del 2017 por el partido Visión con Valores (VIVA). La misma cuenta con el respaldo de más de 30 mil firmas ciudadanas en Guatemala. Esta ley se presenta como una iniciativa para “proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consciencia y expresión, y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad”.

Explícitamente, esta propuesta de ley propone los siguientes puntos clave:

  1. Ampliar la condena por aborto (actualmente 3 años de cárcel) a 5-10 años, y en el caso de abortos por accidente la condena se ampliaría a 2-4 años de cárcel para las mujeres.
  2. Prohibir que las instituciones educativas (privadas o públicas) desarrollen políticas y programas de educación sexual inclusiva.
  3. Hacer respetar el derecho de los padres a decidir qué tipo de educación pueden recibir sus hijos.
  4. Reformar el Código Civil para impedir el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
  5. Limitar la adopción a familias conformadas solo por un hombre y una mujer.

Actualmente en Guatemala, el decreto N°17/73 del Código Penal  permite la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre. Establece en el artículo 137 del Código Penal, que el aborto terapéutico no está penalizado. Este se define como el procedimiento abortivo practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; con el fin de evitar un peligro para la vida de la madre.

Asimismo en el artículo 133 se define el concepto de aborto, en los artículos 134 a 140 se definen los tipos de abortos y las penas correspondientes a quienes incurran en este. Se penaliza con prisión de 1 a 3 años si la mujer causa su aborto o consiente que otra persona se lo cause, y de 6 meses a 2 años de prisión si lo realiza por motivos que le produzcan alteración psíquica. Si el aborto es causado a propósito se penaliza con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consiente y con prisión de 3 a 6 años sin consentimiento de la mujer, el empleo de violencia aumenta la pena de 4 a o 8 años de prisión. Se penaliza con prisión de 3 a 8 años si el aborto provoca la muerte de la mujer, en el caso que la mujer sobreviva el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Si el aborto es provocado por actos de violencia sin intención de hacerlo, se castiga con prisión de 1 a 3 años. El facultativo que cause un aborto o coopere en él será sancionado con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años.

    En relación al Consenso de Montevideo

    Guatemala es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

    El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

    Este tipo de sucesos contravienen entre otras medidas:

    14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

    40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo,
    la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

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