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Imelda puede ser condenada a 20 años de prisión

Jiquilisco, El Salvador
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-11-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente las17.org
  • Fecha de la alerta04-09-2018

Descripción

Imelda Cortez fue victima de abuso sexual desde que tenía 12 años por parte de su padrastro Pablo Hernriquez, de 70 años de edad.

El 17 de abril de 2017, Imelda que en ese momento tenía 19 años de edad, tuvo un parto extrahospitalario en el baño de su casa. Hasta ese momento no sabía que estaba embarazada, ya que durante el embarazo tuvo sangrados vaginales que le hicieron pensar que estaba menstruando.  

Desde entonces se encuentra encarcelada en el penal de San Miguel en El Salvador bajo la acusación de “tentativa de homicidio agravado”. 

Las pruebas

La defensa de Imelda señala que la joven experimentó un embarazo negado, patología que padecen algunas mujeres que no toman conciencia de su estado de gravidez hasta que hayan pasado varios meses de gestación, incluso, se registran casos en que se desconoce de este estado hasta el final.

El ADN practicado a la niña, llamada Milagros, da cuenta de que es hija del padrastro de Imelda, quien sistematicamente abusó sexualmente de ella durante más de 7 años. 

Asimismo, diferentes doctores del Instituto de Medicina Legal que atendieron a la  niña, señalaron que no tiene rasgos que demuestren que Imelda haya querido matarla: "(...) la niña no cuenta con rasgos de mayor intento de que alguien la haya querido matar, porque la niña muestra que es una recién nacida de término de 38 a 40 semanas de gestación, donde la describe una recién nacida hidratada, piel rosada y reconocen la salud de la niña”

Del mismo modo, el reconocimiento de genitales, practicado a la joven por el Instituto de Medicina Legal, establece que: “Este nos indica que Imelda presenta rasgos de un parto reciente, parto extrahospitalario; ella no se realizó ninguna acción para provocar dicho parto, sino fue un parto natural”.

Sin embargo...

El pasado 3 de setiembre el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco determinó que el caso de Imelda Cortez procedería a juicio, por lo que puede ser condenada a 20 años de prisión. Además, seguirá en detención provisional, a pesar del pedido de la defensa de que continuara su proceso legal en libertad.

12 de noviembre de 2018

Imelda Cortez no pudo recuperar su libertad hoy. La vista pública fue suspendida por el Tribunal de Sentencia de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García, quien lo preside, ya que la fiscal Bernarda Marisol Cáceres de Roque avisó hasta esta mañana que estaba enferma.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, IPAS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) lamentan que Imelda tenga que seguir detenida por la inoperancia de la Fiscalía. Así como la falta de atención médica para la joven, quien ha tenido problemas de salud desde que está detenida en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel.

En relación al Consenso de Montevideo

El Salvador es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

El caso de Imelda contraviene especialmente las siguientes medidas del Consenso:

7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

58. Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia;

Las medidas citadas anteriormente no son exhaustivas.

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