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Ginecólogo es condenado por impedir aborto legal a una joven víctima de violación

Río Negro, Argentin
Avance
Última Actualización: 21-05-2019
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  • Tipo de Alerta Avance
  • Fuente Prensa local
  • Fecha de la alerta02-04-2017

Descripción

La mujer victima de violación, llegó al hospital con un aborto en curso y el ginecólogo decidió suministrarle medicación para contrarrestarlo, obligandola a continuar con la gestación. Luego de esta situación la jóven tuvo varios intentos de suicidio. El niño nace y es dado en adopción. Luego de años de juicio, es declarado culpable por obstaculizar un aborto en curso.  

Los hechos: 

La joven ingresó a la guardia del Hospital de Cipolleti el día 2 de abril de 2017 con un aborto en curso. En ese momento estaba con fiebre y contracciones. En el expediente de la paciente figura que consultó previamente en el hospital de Fernández Oro y que habría ingerido Oxaprost (misoprostol). En todo momento la joven dejo claro que su intención era continuar con el proceso de aborto. 

Según consta también, el embarazo en ese momento era de 22 semanas. El ginecólogo que la atendió en esta oportunidad fue Leandro Rodríguez Lastra quien resolvió suministrarle medicación para contrarrestar el aborto y darle continuidad a la gestación. Deciden dejarla dos meses internada hasta que finalmente le realizan un parto inducido. Dio a luz a un niño, que luego fue dado en adopción. Desde ese momento ha tenido que ser asistida psicológicamente por la situación que atravesó.

La legisladora Marta Milesi realizó la denuncia contra Lastra por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A mediados de octubre de 2018 la Justicia determinó que Rodríguez Lastra deberá someterse a un jucio oral. 

Esto provocó que grupos anti aborto, cuyo lema es "Salvemos las dos vidas", realizaran una campaña de apoyo en redes sociales al ginecólogo Lastra. 

El largo proceso judicial y toda las situaciones en las que fue abusada y violentada, provocaron que la joven intentara suicidarse en varias oportunidades. 

El juicio:

La legisladora Marta Milesi realizó la denuncia contra el ginecólogo Rodríguez Lastra por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal presidido por Julio Sueldo resolvió llevar a juicio la causa contra el ginecólogo por impedir un aborto legal a una joven víctima de violación. 

Los fiscales Santiago Márquez Gauna, Rita Lucía y Anabella Camporessi ante el juez Julio Sueldo expresaron que “Con su accionar, el médico habría incumplido con lo normado por la Ley Provincial 4796 y el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales que resultaran embarazadas producto de la violación a acceder a la interrupción legal de su embarazo, y su no acatamiento encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 

Además, desde el Ministerio Público Fiscal se acusa al profesional de administrar una medicación que “habría obligado a la joven a seguir gestando” a pesar de que ella quería abortar porque su embarazo era producto de una violación.

Finalmente luego de más de dos años, el ginecólogo es declarado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que estaba en curso. 

El relato del ginecólogo:

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra manifestó que debido al tiempo de gestación (22 semanas) se negó a seguir adelante con el procedimiento, y por el contrario decidió recetarle medicación para contrarrestar el aborto y darle continuidad a la gestación. 

“Ella llegó pidiendo un aborto, pero por el tiempo de gestación decidimos no hacerlo”, relató el médico, y continúa “Ella contó que acudió a un lugar no médico a practicarse un aborto y eso me generó alarma. La ecografía informaba que se trataba de un feto de 500 gramos y ya no encuadraba, desde lo médico, en un aborto. Mi decisión fue frenar las contracciones uterinas con un antibiótico denominado Indometacina y estabilizarla. Esta medicación se utiliza para la amenaza de partos pretérmino”.

Desde el Colectivo La Revuelta*:

Cuestionaron las excusas de la defensa de los ginecólogos del hospital acusados por obstaculizar una interrupción legal del embarazo a una joven víctima de violación. Responsabilizaron a los médicos por haber hecho caso omiso a la Justicia y al pedido de la paciente. “No queremos que vayan presos ni que sean inhabilitados, sólo pretendemos que no se vuelva a repetir”.

Ruth Zurbriggen, referente de la organización, indicó que la joven ingresó al hospital de Fernández Oro donde por cuestiones técnicas no pudieron practicarle una ILE. “Fue derivada al hospital de Cipolletti que tiene el instrumental necesario. Nosotras ayudamos a presionar para que se resuelva en lo inmediato, como establece la ley. Allí el equipo médico se negó a realizar la práctica, y ahora están procesados por cometer un delito”.

Además, insistió en que la jóven ingresó al Hospital pidiendo la interrupción legal del embarazo. Sin embargo desde el Hospital le solicitaron un permiso de la Justicia. “La jueza de Familia, cuando recibe el pedido, respondió que no se debe pedir autorización para cumplir con un protocolo que está estipulado por ley. Es la misma jueza quien además inició una investigación porque le negaron derechos a la víctima. La tuvieron tres meses internada, bajo custodia psiquiátrica hasta el nacimiento, padeciendo una tortura. La verdadera condena es que no vuelva a repetirse y que se garantice la ley”.

La interrupción del embarazo estaba encuadrada en la causal de violación. “Ella nos contactó y nos juntamos. Le brindamos información y la acompañamos en su reclamo. Acá hubo un equipo de médicos que consideró que la joven no tenía que tener acceso a sus derechos. El protocolo no pone plazos, y el límite de la gestación es sólo una excusa. Si fueran objetores de conciencia (no lo eran al momento del hecho), el director del hospital tiene la obligación de garantizar la práctica. No se pensó en ella, y pusieron por delante sus prejuicios. Los cuerpos de las mujeres no son de los ginecólogos. La situación ameritaba urgencia, y aunque la paciente no pida un aborto se lo tienen que proponer”, agregó.

*El colectivo la Revuelta es una colectiva que acompaña a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas. Para que lo hagan de manera segura y cuidada.

En relación al Consenso de Montevideo

Argentina es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este tipo de hechos contravienen entre otras medidas: 

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el
derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni
violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud
sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las
opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de
protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo,
la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. 

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