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Aborto legal para las migrantes sin un año de residencia en Uruguay

Montevideo, Uruguay
Avance
Última Actualización: 29-05-2019
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  • Tipo de Alerta Avance
  • Fuente Cotidiano Mujer
  • Fecha de la alerta01-10-2018

Descripción

La Ley N°18.987 que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas y hasta las 14 semanas en caso de violación, no es aplicable a las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país. Según el artículo 13 de la ley “Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año".


Sin embargo, la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres permite que las migrantes que son víctimas de violencia en el territorio nacional, aunque no hayan cumplido un año de residencia en Uruguay tengan acceso a la interrupción del embarazo en los centros de salud. El artículo 7 dice que “Al respeto y protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluso a ejercer todos los derechos reconocidos por las leyes de Salud Sexual y Reproductiva (Ley N° 18.426, de 1° de diciembre de 2008) y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 18.987, de 22 de octubre de 2012), cualquiera sea su nacionalidad y aunque no haya alcanzado el año de residencia en el país, siempre que los hechos de violencia hayan ocurrido en el territorio nacional, lo que constituye una excepción al artículo 13 de la Ley N° 18.987, de 22 de octubre de 2012”.

En relación al Consenso de Montevideo

Uruguay es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

La aprobación de esta Ley favorecen el cumplimiento de las siguientes medidas:

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

72. Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente buscando refugio; 

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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