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Nuevo reglamento para regular el ejercicio de la objeción de conciencia

, Chile
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-11-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Medios de prensa locales
  • Fecha de la alerta23-10-2018

Descripción

Contextualización:

La ley Nº 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, modificó, entre otros, el Código Sanitario, sustituyendo su artículo 119 e incorporando los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.

El nuevo reglamento establece que tanto los médicos cirujanos y el personal de pabellón quirúrgico, como también las instituciones de salud privadas deberán formalizar por escrito su objeción de conciencia en un plazo de 15 días.

Mientras que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia. Al igual que los establecimientos privados que inscriban convenios con el Estado regidos por los decretos de la Ley N°36 de 1980 y que tengan pabellón, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología, ya que se entiende que al recibir financiamiento del Estado sustituyen los servicios de salud pública por lo tanto, pasan a pertenecer a la red de salud pública.   

A raíz del Artículo 13 del nuevo reglamento, la Asociación de Abogadas Feministas junto a Organizaciones Feministas y parlamentarias presentaron un recurso de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Salud Emilio Santelices, ya que el Gobierno insiste en “seguir ampliando la objeción de conciencia a establecimientos que no pueden realizarlo”.

Los hechos: 

Ya ha transcurrido más de un año de la promulgación de la ley N°21.030, Ley de Aborto en tres causales, que despenaliza la interrupción voluntaria en tres causales, las cuales son:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.

3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial el nuevo reglamento de objeción de conciencia (Decreto N°67), el cual posibilita que los médicos cirujanos, personal del pabellón quirúrgico o instituciones privadas sean objetores de conciencia. No obstante, las instituciones de salud pública no pueden invocar objeción de conciencia.

Estos cambios son a raíz de que en enero de 2018, el Ministerio de Salud publicó el reglamento de Ley de objeción de conciencia.

Sin embargo, tras el cambio de gobierno, el presidente Sebastián Piñera, inhabilito este reglamento publicando uno nuevo; con el objetivo de flexibilizar el ejericio de la objeción de conciencia. Tanto así, que hasta las instituciones privadas que tienen convenios con el Estado podrían ser objetoras de conciencia, lo cual no estaba permitido en el reglamento anterior. Además de que, si un objetor no especifica para cual causal objeta, automáticamente se considera objetor en todas las causales.  

Sin embargo, en mayo de 2018, la Contraloría General de la Nación publicó que este nuevo reglamento es ilegal, ya que toma atribuciones que no le corresponde vulnerando derechos constitucionales.

Desde mayo a octubre de 2018 se produce incertidumbre en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya que al no publicarse el nuevo reglamento no existe claridad de como implementar la ley que habilita el aborto bajo tres causales. Así como tampoco hay certeza de cuales son las instituciones que son objetoras de conciencia. Lo cual provoca que las mujeres deambulen de un lugar a otro no asegurándoles la derivación a una institución que si les garantice el cumplimiento de la Ley de Aborto.

Este martes 23 de Octubre se publicó el nuevo reglamento de objeción de conciencia para la ley de aborto en tres causales.

Este nuevo reglamento permite establecer que el médico cirujano de la intervención como también el personal del pabellón quirúrgico pueden ser objetores de conciencia, pero si la mujer requiere atención urgente e impostergable por la primera causal (riesgo vital), y no exista otro médico cirujano para la intervención, las personas que objetaron tienen la obligación de realizar la interrupción del embarazo.

Esta objeción debe presentarse al director del establecimiento de forma escrita y previa a la recepción de alguna interrupción de embarazo.

Sin embargo, esto no quiere decir que no tienen ninguna obligación con la mujer que desea interrumpir su embarazo ya que como dice explícitamente el Artículo 9: “La objeción de conciencia no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo, sea que estos últimos se requieran regularmente en el procedimiento, o bien, su necesidad de entregarlos surja de complicaciones en la condición de salud de la mujer”.

La objeción de conciencia puede ser invocada por una institución privada, pero no las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado, según lo establecido en el artículo 13 “Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia. Los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”.

Sin embargo, como se describe en el artículo 14, si la mujer requiere atención inmediata e invocando la primera causal (riesgo vital) la institución objetora de conciencia no puede excusarse de interrumpirle el embarazo.

Este nuevo reglamento en el Titulo IV garantiza la obligación de las instituciones objetoras de conciencia a derivar a las mujeres que necesiten la interrupción del embarazo a instituciones que otorguen esta prestación, como también obliga a las instituciones que no sean objetoras pero que no tengan personal disponible para realizar la interrupción deben realizar una derivación, como también deben garantizar la reasignación de médicos cirujanos para otorgar dicho derecho.

Todo esto esta explícitamente detallado en los artículos 22 al 25 de Título IV del reglamento.

A raíz del Artículo 13, el cual dispone que “Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia. Los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón", la Asociación de Abogadas Feministas, junto a Organizaciones Feministas y parlamentarias presentaron un recurso de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Salud Emilio Santelices. En el entendido de que el Gobierno insiste en seguir ampliando la objeción de conciencia a establecimientos que no pueden realizar, ofreciendo solo la opción de pabellón, la cual es la última instancia para la interrupción de un embarazo que tiene graves consecuencias para la salud física y psíquicas de las mujeres ya que es una práctica muy invasiva omitiendo tratamientos farmacológicos.

En este sentido, no solo se está infringiendo las normas que regulan los convenios de salud, si no que también se está poniendo en grave peligro los derechos del Artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución de Chile.

 

En relación al Consenso de Montevideo

Chile es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este caso contraviene especialmente las siguientes medidas del Consenso:

Medida 35: Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

Medida 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Medida 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

Medida 43: Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

Medida 46: Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.

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