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La activista Ana Quirós fue expulsada por el régimen orteguista

Managua, Nicaragua
Alertas Latentes
Última Actualización: 14-03-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta01-11-2018

Descripción

La Dirección de Migración y Extranjería citó para el lunes 26 de noviembre de 2018 a la activista Ana Quirós. La activista, especialista en salud pública fundadora del Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), es de origen costarricense, pero hace 20 años que tiene la nacionalidad nicaragüense y ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen desde que iniciaron las protestas el pasado abril.

Quirós fue una de las primera víctimas de la represión orteguista durante las protestas que iniciaron el pasado abril. En la protesta del 18 de abril realizada en Camino de Oriente fue arrastrada por motorizados.

Luego de que asistió a la Dirección de Migración, pasaron más de 12 horas donde no se sabía nada de ella. Finalmente el régimen orteguista le quitó arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense, expulsandola a su país de origen, Costa Rica.

Además de Quirós, Migración ha citado a las españolas Ana Ara y María Jesús Ara y la suiza Beatriz Huber, quienes trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las tres son residentes en el país.

Expropiación de los bienes de la ONG CISAS: Centro de Información de Asesoría en Salud

El régimen orteguista ordenó la expropiación de los bienes y canceló la personalidad jurídica de la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas).

La propuesta de expropiación y cancelación fue realizada por el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y votada por amplia mayoría en la Asamblea (71 votos a favor y 16 en contra)

Además de la cancelación, se ordena que los bienes y acciones de Cisas "deben ser entregados, sin pena de responsabilidad penal, al Estado de Nicaragua".

Por su lado Juana Jiménez, directora ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dice que con esto se confirma que en el país hay una dictadura, y que poderes del Estado como la Asamblea Nacional están prestándose para actuar como instrumentos de represión.

“No es por un trámite de emergencia que se quita la personería jurídica a una organización de 33 años, que hasta la fecha de hoy tiene un certificado de legalidad. No estamos ante argumentos de legalidad, sino ante una aberración jurídica total, donde poderes del Estado están prestándose como instrumento de represión y cometiendo estos actos de barberie”, manifiesta Jiménez.

En relación al Consenso de Montevideo

Nicaragua es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este tipo de hechos contravienen entre otras medidas:

50. Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad
en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género;

52. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía
electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos;

107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas.

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