- Tipo de Alerta Alertas Latentes
- Fuente Redes feministas
- Fecha de la alerta01-11-2018
Descripción
La Dirección de Migración y Extranjería citó para el lunes 26 de noviembre de 2018 a la activista Ana Quirós. La activista, especialista en salud pública fundadora del Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), es de origen costarricense, pero hace 20 años que tiene la nacionalidad nicaragüense y ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen desde que iniciaron las protestas el pasado abril.
Quirós fue una de las primera víctimas de la represión orteguista durante las protestas que iniciaron el pasado abril. En la protesta del 18 de abril realizada en Camino de Oriente fue arrastrada por motorizados.
Luego de que asistió a la Dirección de Migración, pasaron más de 12 horas donde no se sabía nada de ella. Finalmente el régimen orteguista le quitó arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense, expulsandola a su país de origen, Costa Rica.
Además de Quirós, Migración ha citado a las españolas Ana Ara y María Jesús Ara y la suiza Beatriz Huber, quienes trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las tres son residentes en el país.
Expropiación de los bienes de la ONG CISAS: Centro de Información de Asesoría en Salud
El régimen orteguista ordenó la expropiación de los bienes y canceló la personalidad jurídica de la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas).
La propuesta de expropiación y cancelación fue realizada por el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y votada por amplia mayoría en la Asamblea (71 votos a favor y 16 en contra)
Además de la cancelación, se ordena que los bienes y acciones de Cisas "deben ser entregados, sin pena de responsabilidad penal, al Estado de Nicaragua".
Por su lado Juana Jiménez, directora ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dice que con esto se confirma que en el país hay una dictadura, y que poderes del Estado como la Asamblea Nacional están prestándose para actuar como instrumentos de represión.
“No es por un trámite de emergencia que se quita la personería jurídica a una organización de 33 años, que hasta la fecha de hoy tiene un certificado de legalidad. No estamos ante argumentos de legalidad, sino ante una aberración jurídica total, donde poderes del Estado están prestándose como instrumento de represión y cometiendo estos actos de barberie”, manifiesta Jiménez.
