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- Tipo de Alerta Caso Emblemático
- Fuente Incidejoven
- Fecha de la alerta08-03-2017
Descripción
Los hechos
El 7 de marzo del año 2017 las adolescentes del Hogar Seguro realizaron una manifestación denunciando los malos tratos y la violencia sexual que sufrían dentro del centro, posteriormente se llevó a cabo una fuga masiva en el que se involucraron hombres y mujeres adolescentes del Hogar. tiempo después fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil -PNC- de manera violenta, utilizando armas de fuego y gas pimienta. Después de haber sido capturados, las y los adolescentes no fueron regresados a sus dormitorios, sino estuvieron bajo la custodia de la PNC fuera del Hogar. Aproximadamente a la 1 de la mañana ya del 8 de marzo los hombres adolescentes fueron regresados a sus dormitorios, mientras que a las 56 mujeres adolescentes las encerraron en un salón denominado “la escuela” de 47 metros cuadrados donde cada adolescente tenía 80 centímetros para moverse. Asimismo, el salón no tenía baño ni agua potable; en ese lugar acomodaron 22 colchonetas sin forro, sin sábanas, ni ponchos para abrigarse.
Ante las condiciones inhumanas en que se encontraban las adolescentes encerradas, durante la mañana del 8 de marzo continuaban manifestando su indignación por los malos tratos y el encierro al que fueron sometidas y a continuación, ocurrió un incendio dentro del salón. Durante el incendio las adolescentes pidieron auxilio a la policía que custodiaba ese salón para que les permitiera salir. Según los testimonios de algunas sobrevivientes la policía les negó la salida y expresaron frases como: “que sufran esas desgraciadas, que así como fueron buenas para fugarse, que sean buenas para aguantar el dolor” y dichos testimonios también revelaron que la policía vio cómo se quemaron y nunca abrieron la puerta. Como resultado del incendio 41 mujeres adolescentes fallecieron y 15 resultaron gravemente heridas.
Este hecho manifestó una clara irresponsabilidad por parte del Estado y manifiesta las severas condiciones sociales de violencia y discriminación a las que se enfrentan las adolescentes en
Guatemala, y sobre todo la manifestación de la poca o nula preocupación por parte del gobierno por garantizar el derecho a una vida digna, que garantice las condiciones para que el desarrollo de las y los adolescentes institucionalizados no sea obstaculizado por violaciones a los derechos humanos fundamentales para la vida. La precariedad en el que viven miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a diario se debe demandar al Estado para que asuma una responsabilidad seria frente a estos casos, porque ningún asunto debería ser más importante y urgente para un país que garantizar una vida digna y libre de violencia y violencia sexual a niñas, adolescentes y jóvenes.
Respuesta del Estado
En los primeros días después de la tragedia del Hogar Seguro, el Estado de Guatemala demostró una postura indiferente, el Presidente de la República no rindió declaraciones inmediatamente, dado que se encontraba atendiendo “asuntos urgentes”. Por otra parte, el Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, en la conferencia de prensa reclamó que las adolescentes habían tenido armas afiladas escondidas en su pelo, asimismo destacó que el presidente Morales había ordenado a la policía devolver a las niñas al Hogar después de su intento de fuga, y que todos los intentos de diálogo con las adolescentes se habían agotado. Por lo tanto, estas declaraciones por parte de los agentes del Estado demostraron la poca importancia que dieron a lo sucedido y la negativa de asumir la responsabilidad. Por otra parte, sus declaraciones evidencian una intención de representar a las adolescentes, víctimas de la negligencia del Estado, como delincuentes. La Secretaría de Bienestar Social, en la conferencia de prensa informó que después del amotinamiento “solicitaron a un juez de turno una autorización para trasladar a los jóvenes que causaron problemas hacia un centro de privación de libertad, pero que se le denegó la solicitud” Es decir, que la SBS solicitó privar de su libertad a las y los adolescentes que se encontraban en el Hogar para ser protegidos frente a la vulneración de sus derechos, no por delitos cometidos: ninguno de ellos contaba con una situación en conflicto con la ley penal.
El 13 de marzo del 2017, el Sistema de Justicia en Guatemala ordenó la captura de altos mandos de la Secretaría de Bienestar Social, como el ex Secretario Carlos Rodas, la subsecretaría, Anahy Keller, y el ex director del centro, Santos Torres, dichas autoridades fueron acusados de homicidio involuntario, abuso de menores e incumplimiento del deber. Las audiencias han tenido algunas controversias, como se manifestó en la segunda audiencia, llevada a cabo el 12 de julio de 2017 en donde declaró el subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) Luis Armando Pérez Borja, quien relató que en el Hogar Seguro el día 7 de marzo se apersonó Carlos Beltetón Coronado, en calidad de “asesor” de la presidencia, y quien se comunicó directamente con el Presidente de la República para recibir la orden de que cien policías tomara el control del Hogar Seguro.
El informe elaborado por UNICEF en noviembre del año 2017 sobre la situación en que se encuentran los NNA institucionalizados en el Hogar en el momento de la tragedia en 2017 en la actualidad. La información brindada demuestra algunos datos preocupantes sobre NNA del Hogar:
● 44 fallecidos: 41 niñas durante el incendio y 3 adolescentes que habían vuelto con sus familias, pero que fueron asesinados en sus comunidades.
● 2 niñas aún se encuentran hospitalizadas en Estados Unidos.
● 33 están desaparecidos, con activación de la Alerta Alba-Kenneth.
● 223 se encuentran con sus familias. De ellos, el 58% vive en el interior del país.
● 39 egresados de sistema de protección por mayoría de edad.
● 124 están en hogares públicos. De ellos,44 niños, niñas y adolescentes tienen discapacidad.
● 120 están en hogares privados.
● 5 adolescentes volvieron a su país de origen.
● 9 adolescentes que volvieron con sus familias se encuentran ahora en centros de jóvenes en conflicto con la ley.
● 1 adolescente en familia sustituta.
A más de un año después de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han realizado acciones prioritarias para mejorar el sistema de protección para NNA que se encuentran bajo el abrigo y protección del Estado. Las audiencias siguen en proceso, lo que se espera que el proceso sea transparente, respetando la ley y los derechos humanos, y que brinde justicia a las víctimas de la tragedia.
Por otra parte, según información proporcionada por Nómada, actualmente, el Ministerio Público se encuentra en la fase de investigación de trata de menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en su anexo en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala, dado que se presume que en ambos hogares estatales, “se estaba dando reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas.” Queda claro que los problemas estructurales y la violencia sistemática que se viven dentro de los centros siguen sucediendo y el Estado está fallando en sus obligaciones de brindar protección integral a los NNA. Por otra parte es evidente que la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción no fue un caso aislado, sino que una consecuencia de un Estado ausente, negligente e indiferente ante de los derechos de NNA.
Antedentes
El Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” ubicado en San José Pinula, Guatemala; fue creado en el año 2010 bajo el cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -SBS- “atendiendo a niñez y adolescencia de 0 a 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares.” Sin embargo, a pesar de que las funciones de la Secretaría de Bienestar Social, era brindar una atención integral a la niñez y adolescencia por medio de un equipo multidisciplinario según la problemática específica de las y los adolescentes, existían situaciones de vulnerabilidad que alertaron a la sociedad guatemalteca y a varias instituciones de justicia en el país. Las situaciones de riesgo en el Hogar Seguro se caracterizaban por el hacinamiento cerca del 200%, además existían hechos de maltratos por las y los monitores, una posible red de trata y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los intentos de fuga (Medida Cautelar 958-16 CIDH:2019-5), adicionalmente, existía denuncias de violencia sexual ejercida contra los NNA por parte de varios empleados del Hogar, mismos que fueron declarados culpables por dichos delitos, y en el 2016 un Juez del Tribunal de Familia concluyó que las prácticas de castigo eran semejantes a tortura.
El 26 de abril de 2013 La Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- denunció el caso de una adolescente con discapacidad que fue agredida sexualmente por 5 adolescentes que también se encontraban albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este caso fue una de las 45 denuncias que recibió la PDH entre el año 2012 y 2016 sobre la situación de las y los adolescentes del Hogar
Cabe mencionar que las denuncias sobre la situación de vulnerabilidad en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción llegó a diversas instituciones, tales como el Ministerio Público y la Oficina Contra la Tortura en Guatemala. Dada la información por medio de diversas entrevistas en medios de comunicación, la Secretaría General del Ministerio Público detalló que existían denuncias y una investigación por trata de personas dentro del Hogar, así como una coincidencia de información tanto de la PDH como de la Oficina Contra la Tortura sobre reclutamiento por extorsiones y otro tipo de modalidad de trata de personas.
Varias instancias internacionales dieron a conocer su preocupación al Estado de Guatemala por la deficiencia de respuesta para mejorar las condiciones de vida de las y los adolescentes que se encuentran institucionalizados. El Comité de los Derechos del Niño en el año 2010 expresó a Guatemala su preocupación por el gran número de niños bajo la custodia del Estado, así como la falta de aplicación de normas mínimas y deficiencia en el sistema de supervisión en los hogares seguros. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en su informe sobre sus actividades en el país, presenta al Consejo de Derechos Humanos en 2017 su “profunda preocupación por las 55 niñas que presuntamente desaparecieron en septiembre, octubre y
noviembre de 2016 del centro bajo el cargo del Estado. Es importante destacar que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, en su informe de visita al Hogar Virgen de la Asunción en 2013, mostró gran preocupación por la diversidad de perfiles de niñas, niños, y adolescentes institucionalizados, pues muchos eran víctimas de maltratos físicos, abusos sexuales, casos de abandono, niños que vivían o trabajaban en la calle, así como algunos casos de NNA en conflicto con la ley y víctimas de trata de personas. La Relatora observó los efectos de la escasez de recursos humanos y financieros, así como la ubicación fuera de la capital que no permitía el acceso a la educación y servicios sociales que eran necesarios para el proceso de recuperación y reintegración de NNA.
Asimismo las instancias nacionales como la Procuraduría de Derechos Humanos en noviembre de 2016 solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de los NNA que se encontraban en el Hogar Seguro, mismas que fueron otorgadas el 12 de marzo de 2017. Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana emitió una sentencia “señalando numerosas preocupaciones con respecto a la operación del centro y ordenando a cada una de las instituciones competentes una serie de medidas para reformar el Hogar Seguro, así como medidas para la desinstitucionalización de los NNA, en dicha sentencia se hizo saber que “el Estado de Guatemala, como garante y protector de derechos fundamentales, preste la debida diligencia y atención en este tema y no fomentar a través de la omisión la vulneración de los derechos”.
Por lo tanto, queda claro que el Estado recibió varias denuncias, recomendaciones y expresiones de preocupación por la falta de garantías de los derechos de NNA en el Hogar, tanto por parte de instancias internacionales, como nacionales. Es evidente que el Estado tenía pleno conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad en que vivían los NNA bajo su responsabilidad. Sin embargo, como mostrará la siguiente sección, el Estado falló en su obligación de reaccionar ante la situación y brindar protección a NNA en condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
En relación al Consenso de Montevideo
Las violaciones y vulneraciones de los derechos de las adolescentes en el Hogar Virgen de la Asunción presentan una clara falta de cumplimiento de las obligaciones adquiridos por Guatemala. Al asumir el Consenso de Montevideo como un compromiso del Estado, Guatemala asumió la responsabilidad de “Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social” y “ las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la 1justicia de las víctimas y la reparación del daño.
Medidas: 7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;
8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;
9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI;
10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato;
11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;
12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;
13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes;
14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;
15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia;
16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;
17. Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes
